Los activistas de Stop Killing Games “asustarán” a los editores exigiendo la devolución de juegos antiguos según la ley.
Nueva era de la lucha por los juegos “vivos”: Stop Killing Games se convierte en una ONG plena
En 2024 un grupo de aficionados a los videojuegos creó la iniciativa Stop Killing Games (SKG) como respuesta a la decisión de Ubisoft de cerrar los servidores del juego de carreras *The Crew*. Desde entonces, el movimiento ha pasado de ser simplemente una comunidad online a convertirse en dos organizaciones sin fines de lucro oficiales que operan en la Unión Europea y Estados Unidos.
¿Qué cambió?
* Nuevo estatus legal
Al registrarse como ONG, SKG ahora puede llevar a cabo lobbying a largo plazo. La organización planea influir en legislación como el *Digital Fairness Act* en EE. UU. y la *Directiva de Contenido Digital* en la UE, para hacer que el cierre de servidores después del ciclo de vida de los juegos sea jurídicamente imposible.
* Gestión
En Europa está a cargo del activista alemán Moritz Katzner, quien ya participaba en el proyecto desde el año pasado. También será asesor del filial estadounidense. El fundador del movimiento, Ross Scott, ha declarado que se retirará de la gestión operativa y dejará espacio para nuevos líderes.
* Objetivos
SKG no exige prohibir las microtransacciones ni cambios radicales en los modelos de negocio de los juegos. Su exigencia es simple: las compañías deben presentar planes claros para mantener servidores y contenido después del fin del soporte del juego. Según Katzner y Scott, los costos de la industria para contrarrestar esta iniciativa ya superan los gastos necesarios para implementar dichos planes.
¿Qué sigue?
* Control y supervisión
La organización actuará como un “órgano regulador”, publicando instrucciones sobre cómo presentar quejas ante autoridades estatales en cada cierre importante de servidores. Esto permitirá a los jugadores proteger sus derechos con mayor facilidad.
* Expansión de la red
SKG está abierta a crear ONG similares en otras regiones, lo que dará la posibilidad de construir una red global de defensa de los derechos de los jugadores.
Así, Stop Killing Games ha cruzado el umbral de las protestas hacia una actividad jurídica y política sostenible, buscando hacer del mantenimiento de videojuegos un compromiso legal obligatorio para las empresas.
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